CUANDO el viejo José Manuel Lara creó el premio Ateneo de Sevilla, presentó su patrocinio como una contribución a la buena imagen de Sevilla ante España. En las entrevistas decía:

—He creado este premio para que en el resto de España se hable de Sevilla como algo cultural, porque cuando mi tierra sale en los periódicos aquí en Barcelona es porque un retrasado ha violado a una niña y luego la ha asesinado.

El viejo editor, con su retranca serrana de El Pedroso, era un visionario. Un precursor que se adelantó a la presencia de Sevilla en los medios a causa del malísimamente llamado «caso Mari Luz». Que no es el «caso Mari Luz», porque en la causa por el asesinato de la pobre niña de Huelva ni se ha celebrado juicio ni hay sentencia, ni nada de nada. Hay sólo una campaña exculpatoria de un Gobierno que le quiere largar el mochuelo a los jueces y a los funcionarios judiciales.

Todo un poder del Estado, el Judicial, se ha levantado en armas de protesta porque el Gobierno quiere manipularlo. Y el Poder Judicial puesto en pie, unidas todas sus asociaciones profesionales, como un solo letrado los secretarios de Juzgado, no ha conseguido romper la falaz relación causa-efecto que desde el poder político e islas mediáticas adyacentes han propalado ante la opinión pública, inculpando injustamente al juez Rafael Tirado y a su secretaria Juana Gálvez, para que nadie pida responsabilidades a quienes deberían dotar a la Justicia de los medios humanos y técnicos que no tiene. ¿Cómo es posible que un ordenador nos persiga si no pagamos el IVA del trimestre o una multa de circulación en la N-IV, y no haya en cambio una estructura informática en los juzgados para ver si un tío que tenía que estar en chirona no lo está? Aquí dejas de pagar una multa y se te echan encima siete mil ordenadores del Estado; pero matas a una niña, te condenan por asesinato y como el Gobierno no ha dotado a los juzgados de una red de ordenadores, te vas de rositas.

Más claramente me lo decía ayer tomando café un profesional de los estrados sevillanos, indignado con la que le han liado, que parece que a Mari Luz la mataron entre el juez Tirado y la secretaria Juana Gálvez:

—Están linchando a un juez de lo más justo, competente, serio y trabajador de los que tenemos en Sevilla. Los que nos movemos en este mundo tenemos meridianamente clara su total ausencia de responsabilidad en lo sucedido. La ley a lo que obliga a un juez es sólo a decidir, esto es, a fallar y a proveer; el juez no es el jefe de la oficina judicial. En este triste asunto sólo hay en última instancia, un único responsable: la Consejería de Justicia, en primer término y su consejera Evangelina Navarro después. Porque el asunto tiene guasa y reguasa. ¿Sabía usted que el juez Tirado en la última inspección del Ministerio de Justicia estaba un 140 por ciento por encima de los mínimos establecidos en asuntos fallados? ¿Sabía usted que la Junta de Andalucía tiene encomendada la custodia y guarda de los intereses de los menores, y que Mari Luz era una menor y no la protegió? Lo que sí sabe usted seguro es que quien está obligado a perseguir los delitos y defender la legalidad es el Ministerio Fiscal, ¿verdad? Pero ¿a que lo que usted no sabía es que en el juicio contra Santiago del Valle, en el que fue finalmente condenado, ni la Junta de Andalucía compareció en defensa de aquella menor, ni la Fiscalía formuló acusación contra el hideputa porque lo estimó inimputable, siendo este hecho el que la Junta y el Fiscal quieren obviar a costa de todo y sobre todo a costa de la cabeza del juez Tirado? ¿Y a que tampoco sabía que el hideputa resultó finalmente condenado porque el juez Tirado estimó justo no aplicarle la eximente y le cascó los famosos dos años de prisión? Porque, si no, sí que se hubiera ido de rositas, absuelto. Pues para que vea cómo interpretamos los miembros del Foro el mamoneo que hay con este asunto y lo distinta que vemos la película a como la están contando. Para un juez bueno que tenemos, ¿nos lo vamos a cargar? Así que decía usted muy bien el otro día: de «caso Mari Luz», nada. Será el «caso Evangelina», la consejera de Justicia, responsable de que la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias, no dote a la Justicia de los medios que impidan estas cosas.